La zonificación minera representa el 16% de la superficie de Chubut y el proyecto prevé veedores comunitarios
El ministro de Ambiente de la Provincia precisó los alcances de los controles previstos en el proyecto para el desarrollo de la Meseta que presentó el Ejecutivo en la Legislatura y que este martes tomó estado parlamentario.
El ministro de Ambiente del Chubut, Eduardo Arzani, explicó que los Departamentos de Gastre y Telsen incluidos en el proyecto de zonificación minera en la Meseta Central representan el 16% de la superficie de la provincia, y no más del 70% como difundieron sectores contrarios al desarrollo de la actividad.
Además, Arzani mencionó que los controles previstos en el proyecto, que este martes tomó estado parlamentario en la Legislatura del Chubut, tienen un fuerte componente de participación ciudadana, además de un monitoreo online que permitirá hacer un seguimiento durante los 365 días del año.
“Los Departamentos de Gastre y Telsen son el 16% de la superficie provincial, y no como se estuvo diciendo, que la zonificación es más del 70% de la provincia”, dijo el funcionario en declaraciones a LU20 Radio Chubut.
Indicó, además que, “si quitamos las zonas de intangibilidad, los espejos de agua que están sobre superficie, y la zona de amortiguación como área de biodiversidad o que podría estar en riesgo, nos quedan para llevar adelante actividades en entre un 11 y un 12% de la superficie del territorio”.
Observatorio y monitoreo
Consultado sobre los controles incluidos en el proyecto de desarrollo de la Meseta del Chubut elaborado por el Gobierno, Arzani explicó: “Lo que hemos hecho, dentro de los aportes para el proyecto de ley, es conformar un observatorio ambiental y tener allí un centro de monitoreo con equipamiento para poder trabajar los 365 días del año de manera online”.
Precisó que “hasta ahora hemos hecho mediciones de agua y de aire en laboratorios en algunas zonas de la provincia, pero con sensores. Otra cosa es hacer un monitoreo constante, los 365 días. Hoy hay equipamiento disponible en ese sentido. Y hemos tomado como referencia el observatorio ambiental que está en San Juan y que tiene un año de funcionamiento”.
“Además -agregó- en el proyecto sumamos a las universidades locales y a los organismos científico técnicos nacionales que tienen dependencias en la provincia, como el CENPAT”.
Arzani puso énfasis en que “la idea es, además del monitoreo ambiental, trabajar desde el mismo observatorio generando información. El proyecto de observatorio en sí para nosotros puede ser un antes y un después desde el punto de vista del esquema de control y monitoreo. Es apropiarnos de un recurso natural en la generación no solamente del control, sino de los datos”.
Al graficar el trabajo del monitoreo explicó que actualmente “en cuanto a la medición del aire, si tuviéramos un dato que hace pico un sábado por la noche, nosotros recurrimos sobre ese dato en particular bajo el esquema de controles. Pero una cosa es tener un sensor puesto donde tenemos cada demanda, y otra es tener online un equipo que, ante cualquier eventualidad, nos da los datos”.
Veedores comunitarios
Entre los aspectos incluidos en el proyecto mencionó también “un área de capacitación porque queremos formar veedores comunitarios y queremos hacer una prueba con el petróleo. Hoy se hace en el mundo”.
“¿Qué significa? Que llevamos a un ciudadano que quiera participar en los controles de las actividades extractivas, se le da una breve capacitación, después recolecta el agua del lugar donde esté, dentro de una celda de explotación; se va hasta el laboratorio, se entrega la muestra y sobre esa muestra se entregan los resultados al ciudadano”.
“Nos parece que abrir la participación ciudadana es muy importante”, dijo en este sentido, y al precisar la metodología indicó: “Si alguien tiene alguna duda, se inscribe como veedor; primero va a participar de un pequeño curso el día que se lo invite a ver el lugar, y después se toma una muestra, se saca el resultado y la persona se va con la muestra del laboratorio para ver cómo está el procedimiento”.
Añadió que “todas las empresas que hacen actividades extractivas califican en ISO 14.001 que es gestión ambiental”, y comparó con empresas de la pesca que, al ser Pymes, no cuentan con esos procedimientos, por lo cual se hace más engorroso llevarlos adelante.
Avances
Consultado sobre los avances en controles en los últimos años puso como ejemplo que “un seguro ambiental obligatorio se puso en práctica en Argentina en 2016, con lo cual hoy tendríamos pólizas de responsabilidad, bajo un rubro de nivel de complejidad como el caso de las actividades extractivas”.
“Además en 2017 la Argentina firmó con Canadá los protocolos de ‘Hacia una Minería Sustentable’, que son normativas sobre 8 protocolos, de los cuales hay 3 sobre la parte social, 4 sobre la ambiental y otro sobre la eficiencia energética”, agregó.
Ante ello, reseñó que actualmente “los ambientalistas suelen hablar de un extractivismo sensato, que tiene en cuenta lo social, lo ambiental y las alternativas productivas que se pueden llevar adelante en el territorio para cuando venga el cierre de mina”.
De manera complementaria, en cuanto a los procesos y los controles, detalló que “una vez llevado a cabo un estudio de impacto ambiental, está no solamente la audiencia pública sino también la consulta previa. Y en base al dictamen que se da, tenemos los controles semestrales de avance, más los bianuales”.
“Además, por pedido del gobernador, tenemos las cartas de aprobación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que hace controles y auditorías sobre áreas extractivas”, sumó.
“Lo hemos pedido para los recursos naturales no renovables de la provincia. Eso significa que en los próximos meses vamos a poder empezar con el protocolo para que el PNUMA nos audite, como organismo internacional objetivo, como provincia”, dijo.
COPRAM
Por último, Arzani se refirió al Consejo Provincial de Ambiente (COPRAM), un organismo que, dijo, “funciona como asesor del Poder Ejecutivo, constituido por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, ONGs, cámaras empresariales, la Universidad de la Patagonia”.
“Asesora en materia ambiental y remite los dictámenes a la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Ambiente”, resumió, y estimó que se sumarán más instituciones, en base a pedidos recibidos por las mismas.
