COMUNICADO de la Comisión Directiva de Camem
13 de abril de 2012
La Cámara Mendocina de Empresarios Mineros desea comunicar a la población en general su satisfacción y apoyo a la creación de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) y la firma por parte de la Provincia de Mendoza del Acuerdo Federal Minero ya que representan una verdadera herramienta de Política de Estado para el desarrollo de un sector industrial que reviste el carácter de utilidad pública.
No obstante ello a los pocos minutos de haber comprometido a la Provincia dentro de los lineamientos nacionales sobre la minería, el Gobierno local declara que sólo se ha firmado un estatuto y que no obliga a desarrollar la actividad o que dicho acuerdo alcanza sólo a la minería no metalífera, ocultando una innegable realidad de que Mendoza es una provincia con un enorme potencial metalífero.
En ese estado de cosas esta Cámara quiere hacer saber que el Gobierno Provincial deberá adecuar su política interna al cumplimiento y alcance de los objetivos diseñados en dicho Acuerdo Federal, ya que su suscripción conlleva una serie de obligaciones que parten de la necesaria promoción de la actividad, la puntual necesidad de su desarrollo y su inclusión dentro de la matriz productiva provincial. En este sentido se observa que no se ha empezado a transitar este camino marcado por el compromiso asumido por la Provincia al momento de la firma de tan importante Acuerdo.
La ley provincial 7.722, norma claramente inconstitucional y prohibitiva de la actividad minera, significa un escollo insalvable y una excusa a la vez para la inexistencia del serio, sereno y profundo debate que los mendocinos debemos dar sobre el tema, habiendo quedado demostrado que dicha ley sólo persigue la prohibición de la actividad minera a la que adjetiva siempre y en todos los casos como “contaminante”, sin apreciar que tal calidad no sólo no está permitida sino que está severamente penada por el Código de Minería de la Nación
Mendoza si tiene proyectos mineros en evaluación, según datos que maneja nuestra Institución existen en tramite de evaluación ambiental no menos de 60 proyectos de primera categoría y mas de 80 de segunda y tercera categoría , que ya han iniciado sus procedimientos y esperan desde hace tiempo una pronta resolución de la propia Secretaría de Ambiente de la Provincia, la que incluso, más allá de que sostiene incorrectamente que no existen proyectos, está emplazando a los concesionarios mineros al pago de una tasa por dicha evaluación y fiscalización ambiental minera.
Exigimos como Cámara que nuclea a los empresarios del sector que el Gobierno de Mendoza honre lo que en representación de todos los mendocinos ha firmado y de cabal cumplimiento a su obligación legal de promover la actividad e informar sus beneficios, alcances e importancia más allá de conveniencias políticas o sugerencias electorales, evitando confundir así a la sociedad con marchas y contramarchas ajenas al interés común que debe perseguir todo acto de gobierno.
